Priman el derecho de informar y la libertad de expresión en una sentencia contra Proensa

Con nombres y apellidos (vino, gastronomía y turismo) | | publicada el 19 julio, 2010 a las 12:50 pm

Informa: Diariodelduero.com

Una sentencia, aún no firme, del Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Logroño, desestima el recurso de apelación interpuesto por Miguel Ángel de Gregorio, que deberá hacerse cargo de las costas del proceso en el que ha primado el derecho de informar y la libertad de expresión, frente a la protección del honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen.

A continuación publicamos el texto legal íntegro.

S E N T E N C I A   Nº  269  DE  2010

Ilmos. Sres.

Magistrados:

D. JOSÉ LUIS DÍAZ ROLDÁN

Dª  CARMEN ARAUJO GARCÍA

D. LUIS MIGUEL RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

En la ciudad de Logroño a veintidós de Junio de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Audiencia Provincial, integrada por los Sres. Magistrados indicados al margen, los Autos de PROCEDIMIENTO DE PROTECCIÓN DEL HONOR, LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR Y LA PROPIA IMAGEN, núm. 589/2008, procedentes del JDO. DE 1ª INSTANCIA Nº 2 de LOGROÑO, a los que ha correspondido el Rollo 5/2010, en los que aparece como parte apelante D. MIGUEL ÁNGEL DE GREGORIO SÁCHEZ, representado por la procuradora Dña. M. LURDES URDIAIN LAUCIRICA; y como apelados, D. ANDRÉS PROENSA SÁNCHEZ y la mercantil “VALDEVINO EDITORIAL S.L.”, representada por la procuradora Dña. CRISTINA VALDEMOROS DÍAZ DE TUDANCA, y EL MINISTERIO FISCAL; siendo Magistrado Ponente el Ilmo. Sr. DON JOSÉ LUIS DÍAZ ROLDÁN, que expresa el parecer de La Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Que, con fecha 24 de julio de 2009, se dictó sentencia en primera instancia cuyo fallo es del siguiente tenor: “Que, desestimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora de los Tribunales doña Lourdes Urdiain Laucirica, en nombre y representación de D. MIGUEL ÁNGEL DE GREGORIO SÁNCHEZ, contra D. ANDRÉS PROENSA SÁNCHEZ y la mercantil “VALDEVINO EDITORIAL S.L.”, debo absolver y absuelvo a los demandados de los pedimentos vertidos de contrario y todo ello, con expresa imposición a la parte actora de las costas procesales causadas”.

SEGUNDO.- Notificada la anterior sentencia a las partes, por la representación de la parte demandante, D. Miguel Ángel De Gregorio Sánchez, se presentó escrito solicitando se tuviese por preparado en tiempo y forma la apelación, que fue admitida, con traslado por 20 días a la parte recurrente para que interpusiese ante el Juzgado el recurso de apelación. Interpuesto éste, se dio traslado a las demás partes para que en 10 días presentasen escrito de oposición al recurso o, en su caso, de impugnación de la resolución apelada, en lo que le resultase desfavorable.

TERCERO.- Seguido el recurso por todos sus trámites, se señaló para la celebración de la votación y fallo el día 17 de junio de 2010.

CUARTO.- En la tramitación del presente rollo se han observado las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Se aceptan los fundamentos de derecho y el fallo de la sentencia de Instancia.

PRIMERO.- Por la representación procesal de D. Miguel Ángel De Gregorio Sánchez se interpone recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Logroño, que desestima la demanda formulada.

Muestra el recurrente su disconformidad con la sentencia de Instancia, entiende que las comentarios que se contienen en la página 344 de la “Guía Proensa” de 2008, y  los contenidos en las páginas 24-25 y 28-29 de la revista bimensual “Planeta Vino”, cuya editora es Vadevino Editorial S.L., no se encuentran amparados por el derecho fundamental de libertad de expresión ni de libertad de información, sino que responden a una exteriorización de una animosidad personal a través de alusiones íntimas y personales, carentes de la más mínima relevancia pública y nula incidencia en el ámbito profesional y técnico en el que debería haberse mantenido la opinión expresada, por lo que considera que dichos comentarios suponen una lesión del derecho al honor e intimidad del recurrente, con conculcación de los artículos 18.1 de la Constitución y 7.7 de la L.O. 1/1982, de 5 mayo, citando a continuación sentencias del Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional en las que sustenta la estimación del recurso y con ello los pedimentos de la demanda. Estima también acreditados la existencia de un daño moral que justifica la indemnización de 200.000 € solicitada, por la difusión de la guía y revista demandadas y su repercusión en los medios especializados en el sector vitícola, con el consiguiente conocimiento por parte de personas y sociedades que integran el mismo.

SEGUNDO.- como cuestión previa al examen de los motivos de impugnación contenidos en la recurso de apelación interpuesto, debe señalarse los comentarios contenidos en la en la guía y revistas publicadas.

El primero de ellos, fue publicado en la Guía Proensa de 2008, página 344, del siguiente tenor:

“Entre los alpinistas hay una palabra que causa espanto: la puna, el mal de altura que pueda afectar al más preparado. Cuando se alcanzan las más altas cotas, donde el oxígeno escasea, acecha la puna y sus síntomas: pérdida de la noción de la realidad, desorientación, alucinaciones y otros problemas mentales transitorios que pueden terminar el mal si no se atajan a tiempo. A algunos que no son alpinistas el éxito les puede causar también una especie de puna, todo un mal de altura con todos sus accesorios. En el caso del genial autor de los Finca Allende se ven algunos de sus síntomas, que se resumen en una relación tormentosa con todo su entorno, al pasar de ser confabulado en una especie de macroconspiración orquestada por único objetivo de perjudicar al protagonista. No hay grises: o blanco (amigos sumisos) o (negro enemigos encarnizados). Afortunadamente, por el momento, la puna no parece haber afectado a los espléndidos vinos, que se mantienen sin desorientarse (aparentemente: el Graciano decepciona) en lo más alto de la enología española. No bebemos gente, nos quedamos con los vinos”.

Los restantes textos indicados por el actor están publicados “Planeta Vino”, núm. 16, correspondiente a los meses de diciembre 2007/ enero de 2008, y se contienen dentro del artículo “Riojas de Vanguardia”.

El primero de ellos se encuentra bajo el epígrafe “Pioneros de Modernidad”, página 24, en el que textualmente se expresa: “Barón de Chirel tuvo a partir de la cosecha 89 dos seguidores, un reserva Remelluri que ya no en estructura y potencia de la mano de Telmo Rodríguez y una marca nueva, Dominio de Conté, de Bodegas Bretón con la que se estrenaba el enólogo Miguel Ángel de Gregorio tras un paso breve (con final tormentoso) por Bodegas Marqués de Murrieta (…)”.

El segundo texto se sitúa bajo el epígrafe “Respaldos Políticos”, y es del siguiente tenor: “es uno de los enólogos jóvenes que marca carácter, incrementando la plantilla espectacular, con Marcos Eguren y su colección de vinos de peso, Álvaro Palacios, que se hizo cargo de la bodega familiar en los primeros años del siglo XXI, Miguel Ángel de Gregorio, excéntrico y peleado con casi todo el mundo pero firmando excelentes “Aurius y Calvario (…)”.

TERCERO.- Para evitar inútiles repeticiones damos por reproducidas la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional contenida en la sentencia recurrida. La STS de 20 de abril de 2004, declara que “el derecho al honor es la esencia de la demanda y está reconocido como derecho fundamental por el artículo 18 de la Constitución Española y desarrollado por la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen cuyo artículo 7.7 lo define (tras la modificación operada por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal) como la imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Conviene así mismo recordar que esta Sala ha reiterado en numerosas ocasiones que la distinción que hace el artículo 20.1 de la Constitución Española entre libertad de expresión y derecho a la información veraz .La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, tiene un campo de acción más amplio que la libertad de información (Sentencia del Tribunal Constitucional 104/1986, de 17 de julio  y 139/2007, de 4 de junio), porque no comprende la narración de hechos, sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y subjetivo, que además junto al derecho de información resultan esenciales como garantía para la formación de una opinión pública libre. La libertad de expresión, según su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige (sentencia del Tribunal Constitucional 6/2000, de 17 de enero; 49/2001, de 26 de febrero; y 204/2001, de 15 de octubre), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe “sociedad democrática” (Sentencia del Tribunal Europeo de derechos humanos de 23 de abril de 1992). Si la crítica se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública, la libertad de expresión es todavía mas intensa, siempre que no emplean frases y expresiones ultrajantes u ofensivas”.

Por otra parte, la STS de fecha 21 de abril de 2010, declara: “tanto esta Sala como el Tribunal Constitucional desde sentencia de 17 de julio de 1986, vienen distinguiendo entre la libertad de expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las apreciaciones y los juicios de valor) y, por otra parte, el derecho a comunicar información, que se refiere a la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, no siempre es fácil de separar, pues suele ocurrir que los hechos objeto de enjuiciamiento consisten en una amalgama de ambos.

El artículo 20.1 de la Constitución Española ni protege la divulgación de hechos que son simples rumores, invenciones o insinuaciones carentes de fundamento, ni tampoco da amparo a las insidias o insultos. Por esta razón, procede examinar en primer lugar la veracidad de aquélla y, a continuación, la ausencia de expresiones formalmente injuriosas o innecesarias para la crítica que se formula. Debe precisarse de igual modo que, la exigencia de “verdad” aplicable a la libertad de información , no es necesariamente absoluta, pueden concurrir inexactitudes que no afecten al fondo; no se exige que resulte absoluta y total, sino que la esencia es que el hecho sea veraz, aun con inexactitudes, como declara la sentencia de 15 de junio de 2009 , se exige del informador un específico deber de diligencia en la búsqueda de la verdad de la noticia y en la comprobación de la información difundida”.

La STS de 22 julio 2008, declara: “En la colisión del derecho al honor con otros derechos dignos de protección, como el de la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución, la jurisprudencia constitucional y la de esta Sala, recogiendo la de instancias supranacionales, ha declarado que este último, que tiene un contenido más amplio que el derecho a la libertad de información, alude a la emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones, y comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar -SSTC 6/2000, 49/2001, 204/2001-, pues así lo requiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe la sociedad democrática -SSTEDH 23 abril de 1992, as. Castell c. España, y 29 febrero de 2000, as. Fuentes Bobo c. España; también, Sentencia de 25 de febrero de 2008, que cita la anterior doctrina-. Este ámbito de tutela debe, sin embargo, modularse en presencia del propio del prestigio profesional; y, desde luego, deja fuera del mismo a las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) de la Constitución art.20.1 EDL 1978/3879  art.20.a EDL 1978/3879  no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con una norma fundamental -SSTC 127/2001, 198/2004 y 39/2005, entre otras.

Finalmente, la STS de fecha 3 de marzo de 2010, declara: “Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es necesario separarlos, y sólo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento preponderante (STC 107/1988, de 8 de junio, 105/1990 y 172/1990).

El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la apreciación los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos (STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella (STC 216/2006, de 3 de julio, FJ 7).

La jurisprudencia constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala (SSTS de 25 de marzo de 1993, 20 de diciembre de 1993; 24 de mayo de 1994; 12 de mayo de 1995; 16 de diciembre de 1996; 20 de marzo de 1997, 21 de mayo de 1997,  24 de julio de 1997, 10 de noviembre de 1997, 15 de diciembre de 1997; 27 de enero de 1998, 27 de julio de 1998 y 31 de diciembre de 1998; 22 de enero de 1999; 15 de febrero de 2000, 26 de junio de 2000; 30 de septiembre de 2003; 18 de marzo de 2004, 5 de mayo de 2004, 19 de julio de 2004, 18 de junio de 2007) admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor.

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por las libertades de expresión e información.

La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión o de información tiene lugar cuando se produce un conflicto entre uno y otro derecho, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso (SSTS de 13 de enero de 1999, 29 de julio de 2005 y 22 de julio de 2008).

B) Cuando se trata de la libertad de información, la técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el derecho a la libertad de información sobre el derecho al honor por resultar esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político que exige el principio democrático (STS 11 de marzo de 2009).

En caso de concurrir en un mismo texto aspectos de información y de opinión los primeros deben sujetarse a los límites propios del ejercicio del derecho a la libertad de información (STC 111/2000).

La protección constitucional de las libertades de información y de expresión alcanza un máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia acepción (SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, 29/2009, de 26 de enero, FJ 4).

C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión.

Desde esta perspectiva.

Por una parte, la ponderación debe tener en cuenta si la información tiene relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública; por otra parte, según la jurisprudencia que antes se ha citado, tratándose del prestigio profesional debe examinarse si el ataque reviste un cierto grado de intensidad para que pueda apreciarse una transgresión del derecho fundamental.

La libertad de información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con el transcurso del tiempo, puede más adelante ser desmentida o no resultar confirmada (STC 139/2007). El requisito de la veracidad no empece que la total exactitud de la noticia pueda ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado (SSTC 6/1988, de 21 de enero, 105/1990, de 6 de junio, 171/1990, de 12 de noviembre, 172/1990, de 12 de noviembre , 40/1992, de 30 de marzo, 232/1992, de 14 de diciembre, 240/1992, de 21 de diciembre, 15/1993, de 18 de enero, 178/1993, de 31 de mayo, 320/1994, de 28 de noviembre, 76/1995, de 22 de mayo, 6/1996, de 16 de enero, 28/1996, de 26 de febrero, 3/1997, de 13 de enero, 144/1998, de 30 de junio, 134/1999, de 15 de julio, 192/1999, de 25 de octubre, 53/2006, de 27 de febrero, FJ 6).

La transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un matiz injurioso, denigrante o desproporcionado, porque, como viene reiterando el TC, la CE no reconoce un hipotético derecho al insulto (SSTC 112/2000, de 5 de mayo; 99/2002, de 6 de mayo; 181/2006, de 15 de enero; 139/2007, de 4 de junio de 2007 y 56/2008 de 14 de abril).

Finalmente, la STS de 28 de abril de 2010 señala respecto al derecho a la intimidad lo siguiente:” el derecho a la intimidad se ha dicho, de forma reiterada, que su concepto no puede enmarcarse en una definición que precise detalladamente su alcance, como ha advertido esta Sala, pero necesariamente ha de tenerse en cuenta que conforma patrimonio personal que abarca lo que entra en el propio ámbito y hace necesario relacionar la cuestión con lo que constituye el espacio vital de cada uno, sometido a su exclusivo poder y que se proyecta sobre el concepto impreciso de lo que integra su círculo reservado e íntimo, compuesto por datos y actividades que conforman la particular vida existencial de cada persona y autoriza a preservarla de las ingerencias extrañas, salvo que medie autorización libremente practicada, en cuyo supuesto el círculo se abre y la intimidad se comunica. Y como resulta lógico, no es la misma para todos, ya que cada persona tiene su propia intimidad, que actúa como privacidad en exclusiva, a la que acompaña la condición de ser excluyente por mandato constitucional. Y así se ha afirmado que ” no garantiza una intimidad determinada sino el derecho a poseerla, disponiendo a este fin de un poder jurídico sobre la publicidad de la información relativa al círculo reservado de su persona y su familia, con independencia del contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del conocimiento público. Lo que el art. 18.1 CE garantiza es, pues, el secreto sobre nuestra propia esfera de vida personal y, por tanto, veda que sean los terceros particulares o poderes públicos, quienes decidan cuáles son los contornos de nuestra vida privada» (Sentencia de 6 de noviembre de 2003, con cita de la de 22 de abril de 2.002 y también de las Sentencias del Tribunal Constitucional 231/1988, de 2 de diciembre, 197/1991, de 17 de octubre y 115/2.000, de 10 de mayo). En esta misma línea, la reciente Sentencia de 26 de septiembre de 2008 recuerda que el derecho a la intimidad ” implica la existencia de un ámbito propio y reservado de la vida frente a la acción y el conocimiento de los demás referido preferentemente a la esfera estrictamente personal de la vida o de lo íntimo, imponiendo a los terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en esa esfera y la prohibición de hacer uso de lo conocido, salvo justificación legal o consentimiento del afectado”.

CUARTO.- Dejando al margen las relaciones personales que puedan existir entre el actor don Andrés Provenza Aguado para la exacta valoración de las alusiones que de los textos anteriormente referidos se hace del actor es necesario verificar el contexto y el medio en que se realizan. Así la “Guía Proensa” tal y como ella misma se define es una selección de vinos realizada exclusivamente a partir de la carta de 3000 marcas, cosechas y tipos de vinos diferentes. Destaca que ni la editorial ni el autor de la guía tienen intereses de ningún tipo en bodegas o vinos. La única motivación en la selección y en las calificaciones es la calidad del vino según el autor. En la guía se clasifican los vinos en función de las zonas de producción. Y en la página 7 indica textualmente: “cada capítulo se abre con una breve introducción sobre cada una de las denominaciones de origen, que incluye un corto comentario sobre el estado actual de la zona información sobre la comarca, con su situación, tipos de suelo; las variedades de uva autorizadas y los tipos de vino que se elaboran (…) en algunos casos se encabeza con el nombre por el que son conocidas las bodegas y no por su razón social (…) tras los datos de dirección, localidad, teléfono, fax, correo electrónico y página web, se incluye un comentario sobre la bodega en el que se busca ofrecer el perfil de la firma, de sus responsables y su filosofía de trabajo, así como novedades producidas en el último año”.

Por otra parte, la revista “Planeta Vino” se trata de una publicación bimensual, que esencialmente se dedica al comentario sobre vinos.

Tras una detenida valoración de las circunstancias y contenido de las expresiones que se contienen en los escritos referidos, debe descartarse de plano que los mismos supongan intromisión alguna en la intimidad del demandante, pues para nada afecta a detalles o situaciones de su vida privada, de su esfera personal, sino que los comentarios que se realizan se refieren exclusivamente a su actividad profesional dedicado al mundo de la viticultura.

En cuanto a la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor, estimamos que el contenido de las expresiones que se vierten en los escritos recogidos en el fundamento de derecho cuarto de esta resolución, no alcanzan la categoría de intromisiones ilegítimas en el derecho al honor.

Para ello, debe tener tomarse como punto de partida que respecto al comentario que aparece en la “Guía Proensa”, dicha publicación recoge en cuanto a los vinos una mención siempre elogiosa que se incluyen en su catálogo, y debe tenerse en cuenta el ámbito no muy extenso de su difusión, que hace pensar que sus lectores estando una forma u otra vinculados al mundo del vino y la gastronomía.

Y cómo se puso de manifiesto el acto del juicio dicha Guía introduce comentarios sobre personas y profesionales del sector, teniendo un carácter más personal que otras Guías del sector, pues no se dedica exclusivamente a informar del vino, sino también de su entorno y de las personas que participan en su elaboración.

En este contexto es inevitable una subjetivación por parte del autor de los comentarios que de los vinos y las bodegas se puedan realizar, subjetivación que puede conllevar a comentarios personales que enlazan con su actividad profesional, resulta indudable que este tipo de publicaciones tienen un carácter especializado y por ello no alcanzan una gran difusión, y en este entorno las  críticas que en ella se puedan efectuar, en uso del derecho fundamental de libertad de expresión y de información reconocidos en el artículo 20.1. a) y b) de la Constitución no siempre han de tener un carácter elogioso, sino que puede ser también negativa, como sucede en el caso que nos ocupa, por ello la apreciación propia  de la persona que se siente ofendida debe quedar mitigada por las circunstancias objetivas de la crítica.

Partiendo de todo ello, debe precisarse que los comentarios que se examinan versan sobre los efectos que pueda haber tenido en la personalidad del demandante el éxito profesional obtenido, en ningún momento se hace mención a que padezca trastorno mental alguno, por lo que al margen de lo más o menos afortunado del comentario, objetivamente carecen de la entidad y relevancia suficiente para constituir una intromisión ilegítima en su honor, máxime cuando la crítica profesional que de sus vinos se hace es sumamente positiva, debiéndose integrar, dado el medio en que se producen, en el terreno de la opinión y, consiguientemente, de la libertad de expresión. El alcance de unas expresiones o frases que pueden ser subjetivamente afrentosas ha sido matizado por la doctrina de esta Sala (Sentencias de 31 de enero de 1997, y 6 de junio de 2003, entre otras) que impide que el inevitable subjetivismo del que se siente ofendido quebrante la objetividad que debe presidir su calificación.

Y a la misma conclusión conduce los comentarios vertidos en la revista bimensual “Planeta Vino”, que aunque trasmite un carecer díscolo del actor, la naturaleza e intensidad de los términos empleados para ello, no sobrepasa los límites del derecho de libertad de expresión e información que ampara al autor.

En consecuencia, no puede prosperar el motivo de impugnación esgrimido.

QUINTO.- Por todo lo expuesto, procede desestimar el recurso de apelación formulado.

De conformidad como lo dispuesto en el artículo 398.1 de la LEC se imponen las costas de esta alzada a la parte recurrente, al haber sido desestimadas todas sus pretensiones.

Vistos los preceptos y razonamientos citados, en nombre de S.M. el Rey.

FALLAMOS

Debemos  DESESTIMAR y DEESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de D. Miguel Ángel De Gregorio  contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Logroño, nº 1701/2009, de fecha 24 de julio de 2009, y, en consecuencia, debemos estimar la demanda de modificación de medidas formulada por el recurrente, y CONFIRMAMOS la expresada la sentencia en su integridad.

Se imponen a la parte recurrente las costas de esta alzada.

Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, siempre que se cumplan los requisitos legales exigibles, que serían examinados por La Sala.

Notifíquese esta resolución de conformidad con lo establecido en el artículo  248.4 de la L.O.P.J.

Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando el original en el presente libro y remítase otro al Juzgado de procedencia a los efectos oportunos.

Así por esta sentencia lo mandamos y firmamos.

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